27/06/2023
Tras la votación de las enmiendas a la propuesta de la Comisión Europea el pasado 15 de junio, continuada este 27 de junio, el resultado en la Comisión de Medio Ambiente fue de 44 votos a favor, 44 en contra y 0 abstenciones. Un rechazo que se suma al cosechado en las comisiones de Agricultura y Pesca.
Ahora el siguiente paso será que el Parlamento Europeo en su conjunto adopte una posición, algo que se producirá, posiblemente, en la sesión plenaria de julio en Estrasburgo.
La tramitación de la ley “no ha parado”, afirmó en rueda de prensa el ponente principal de la ley en el PE, el socialista César Luena. “Vamos a conseguir que se discuta en el pleno y tiene que ser en el pleno de julio”. Hasta entonces, aboga por el “diálogo y la negociación” y se muestra optimista respecto al resultado de la futura votación.
En su comparecencia, Luena defendió que esta ley “garantiza la seguridad alimentaria y beneficia a agricultores, ganaderos y silvicultores”, además de “a las empresas y a la economía, porque unos ecosistemas sanos son sinónimo de riqueza y de recursos (…) Merece la pena seguir trabajando para que salga adelante”, añadió.
Algunas claves sobre la ley
La propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Restauración de la Naturaleza fue presentada por primera vez el 22 de junio de 2022 por la Comisión Europea, como parte del Pacto Verde Europeo.
El objetivo de la norma es recuperar los ecosistemas degradados en las zonas marinas y terrestres de la UE y contribuir a alcanzar los objetivos climáticos y de biodiversidad. Para ello, requiere que los Estados miembros pongan en marcha medidas de restauración que cubran, en conjunto, al menos el 20% de las zonas terrestres y marinas para 2030, y que en 2050 alcancen todos los ecosistemas que necesiten restauración.
El reglamento establece objetivos específicos vinculantes para la restauración de ecosistemas agrícolas, forestales y de poblaciones de insectos polinizadores, así como restauración de ecosistemas terrestres, costeros y de agua dulce, ecosistemas marinos, urbanos y conectividad natural de los ríos y de las funciones naturales de las llanuras aluviales. Los Estados miembros deberán desarrollar planes nacionales de restauración.
Rechazo de las organizaciones de productores agrarios
Algunas de las asociaciones de agricultores y ganaderos se han mostrado muy críticas con la propuesta de ley.
Sin ir más lejos, un día antes de la votación del 27 de junio en la Comisión de Medio Ambiente, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) cuestionaba, en un comunicado, el contenido de la propuesta de ley, “porque no precisa cómo serán los apoyos al sector agrario para garantizar unos ingresos justos a las pequeñas y medianas explotaciones”.
“Compartimos los objetivos para caminar hacia una agricultura más sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental pero este proceso es imposible acometerlo con los acuerdos de libre comercio de la UE con terceros países y la falta de instrumentos de la actual PAC”, asegura la organización.
COAG lamenta que la norma “dejaría en manos de grandes corporaciones y fondos de inversión el campo español y europeo”. Entre sus críticas, la organización afirma que es una ley “injusta e hipócrita”, cuyo contenido “es vago e impreciso”, que “no responde a las necesidades del modelo social y profesional de agricultura, mayoritario (por el momento) en Europa y, además, para su elaboración no se ha contado con los afectados, con los hombres y mujeres del campo, que verán aumentada su carga burocrática. Asimismo, piden que se evite un enfoque basado en porcentajes de superficie a restaurar.
“Sin sostenibilidad económica de las pequeñas y medias explotaciones no tendremos sostenibilidad ambiental”, ha afirmado Andoni García, responsable de Organización y Medio Ambiente de la Ejecutiva de COAG.
A mediados de junio, ASAJA firmó una carta junto con la Confederación de Agricultores Portugueses (CAP) y la Asociación de Propietarios Rurales y Gestión Cinegética de Portugal en la que hacían un llamamiento unánime al rechazo de esta ley, asegurando “que pone en peligro la vida del sector rural y la seguridad alimentaria en la UE”.
ASAJA lanzó en un comunicado varias peticiones, para que la Comisión Europea retire y reconsidere su plan, realice “un riguroso análisis del impacto socioeconómico”, reconozca “el trabajo de los agricultores por conservar y gestionar los ecosistemas naturales y las especies” y que, “en ningún caso”, el presupuesto de esta ley proceda de la PAC.
Tras conocer el resultado en la Comisión de Medio Ambiente, ASAJA volvió a reiterar en redes sociales su postura contraria a esta norma, pidiendo a los eurodiputados “que voten en contra en el próximo pleno del PE”.
Por su parte, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) se sumaba, a principios de junio, al rechazo manifestado por las organizaciones representativas de los agricultores y pescadores europeos –COPA-Cogeca y Europeche–, instando “a los partidos políticos que alguna vez han sentido sensibilidad hacia la agricultura a tumbar la Ley de Restauración de la Naturaleza” para, posteriormente, consensuarla con el sector agrario.
“Lo que se está haciendo es buscar la reducción de la producción agraria, para beneficiar las exportaciones de bienes industriales, tecnológicos y de servicios de algunos países europeos y, al mismo tiempo, para beneficiar a otros países europeos no productores que así se enriquecen distribuyendo los alimentos que importan de países terceros”, señaló el presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado.
