23/12/2024
La conocida como “Ley de la Cadena Alimentaria”, cuya denominación es, “Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria” (Ley 12/2013), expone en su preámbulo que tiene como finalidad: mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria de manera que aumente la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y se reduzca el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa que redunde en beneficio no sólo del sector, sino también de los consumidores.
La citada Ley fue reformada en el año 2021 (Ley 16/2021) con objeto de incidir en la mejora de las relaciones comerciales, cuestión tratada por la directiva 633/2019 y que se incluyó así en el ordenamiento español.
Los contratos, salvo contadas excepciones, deben establecerse por escrito y tienen que basarse en el coste de producción. Las cláusulas que se dirijan a determinar el precio de forma diferente a la expuesta se considerarán nulas. No podrá venderse al consumidor un producto a precio inferior al que ha sido adquirido. La Ley incluye un listado de prácticas comerciales desleales e infracciones.
Como autoridad que debe velar por el cumplimiento de la Ley, se designa a la Agencia de Información y Control Alimentario.
Posteriormente, dicha Agencia ha sido reforzada y pasó a llamarse Agencia Estatal de Inspección de la Cadena Alimentaria. Se prevé dotar de más recursos económicos a la Agencia, que podría financiarse con las sanciones que imponga y cobre.
La actividad sancionadora de la Agencia no parece destacable, puesto que entre 2013 y 2023 ha impuesto unas 3.700 sanciones, por un importe superior a quince millones de euros. Es decir que la mayoría de las sanciones impuestas sería de unos pocos miles de euros.
Puede observarse que se ha intentado mejorar la Ley original mediante reformas y enmiendas, pero su eficacia está en entredicho. Atendiendo al estado de las relaciones comerciales entre los operadores del sector agroalimentario, ¿podría decirse que la Ley de la Cadena Alimentaria es papel mojado? Como en otros casos, la conclusión dependerá del análisis que se haga.
Las organizaciones agrarias no confían en que la ley resulte eficaz para conseguir unos precios que cubran los costes de producción. La tesis que sostienen, es que se importan productos por debajo del coste de producción en España y esto es algo que la ley no puede impedir.
El análisis del Ministerio de Agricultura (MAPA), concluye que la ley sí es eficaz y ha conseguido que los precios pagados a los productores en origen hayan subido.
Uno de los foros que ha constituido el MAPA es el observatorio de la cadena alimentaria. Reúne a representantes de los eslabones que constituyen la cadena alimentaria, del Gobierno, las Comunidades Autónomas, Sindicatos y Consejo de Consumidores y Usuarios es un órgano que se reúne dos veces al año, con el objetivo de buscar soluciones de mejora en el funcionamiento de la cadena alimentaria.
También se ha creado la herramienta Estudios de Costes y Rentas de las Explotaciones Agrarias (ECREA),diseñada por la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación del MAPA.
Conseguir que los agricultores y ganaderos españoles perciban unos precios, que remuneren de forma justa su actividad y les permitan obtener rentabilidad a sus inversiones, es un objetivo difícil en un entorno de libre mercado.
Las condiciones de producción en terceros países son diferentes a las de la Unión Europea en muchos sentidos, desde las regulaciones existentes a los costes de producción (mano de obra, impuestos, insumos etc.) y esos productos son importados y compiten con los europeos, impulsando a la baja los precios.
Además de lo anterior, los productos del sector primario son perecederos en su inmensa mayoría, desde la leche a las frutas y hortalizas, pasando por los huevos. Esto reduce el poder de negociación de los productores sobre los precios de venta de sus productos. El control de los contratos es difícil, al ser muy numerosos y las sanciones impuestas no parece que hayan sido elevadas, lo que disminuye su capacidad de disuasión de conductas infractoras.
Estos y otros factores hacen que la Ley de la Cadena Alimentaria haya tenido un efecto que podría evaluarse como limitado, aunque se trata de un instrumento valioso por el mero hecho de haber sido creado, lo que lleva implícito el reconocimiento de imperfecciones en el mecanismo de formación de precios (donde intervienen factores de producción y de mercado) en la competencia, y en las relaciones entre operadores, que no se establecen en condiciones de igualdad de poder de negociación.
